"La Tierra tiene lo suficiente para calmar el hambre de todo el mundo pero no la codicia de cada hombre". (Mahatma Gandhi).
El nombre de Monsanto condensa, quizá como pocos en la historia contemporánea de la agricultura, las tensiones estructurales entre ciencia, industria, poder económico, medio ambiente y comunidades humanas. Abordar su trayectoria y su impacto exige situarla no solo como una empresa concreta, sino como un actor clave en la transformación del sistema agroalimentario global durante el siglo XX y comienzos del XXI, en un contexto marcado por la industrialización de la agricultura, la financiación de la producción de alimentos y la creciente subordinación del conocimiento campesino a la lógica corporativa.
Monsanto nació en 1901 en Estados Unidos como una empresa química, dedicada inicialmente a la producción de edulcorantes artificiales como la sacarina. A lo largo del siglo XX fue ampliando su cartera hacia productos industriales y agrícolas, incluyendo plásticos, fibras sintéticas y, de forma especialmente significativa, herbicidas, insecticidas y otros insumos clave para la agricultura intensiva. Este recorrido histórico es fundamental para comprender su lógica empresarial, Monsanto no surge como una compañía “agraria” en sentido clásico, sino como una empresa química que encuentra en la agricultura un mercado privilegiado para la expansión de sus productos.
Desde una perspectiva antropológica de la alimentación, el punto de inflexión más relevante se produce a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando la agricultura se integra plenamente en el paradigma industrial. En ese proceso, Monsanto se convierte en uno de los principales proveedores de tecnologías orientadas a aumentar el rendimiento por hectárea, reducir la dependencia del trabajo humano y estandarizar los cultivos. Herbicidas como el glifosato, comercializado bajo la marca Roundup, se insertan en un modelo agrícola que concibe el campo como una fábrica a cielo abierto, donde la biodiversidad es un obstáculo y no un valor.
El impacto ambiental de esta lógica ha sido ampliamente documentado y debatido. El uso masivo de herbicidas de amplio espectro ha contribuido a la simplificación extrema de los agroecosistemas, eliminando no solo las llamadas “malas hierbas”, sino también plantas silvestres fundamentales para la conservación de suelos, polinizadores y cadenas tróficas. A medio y largo plazo, esta simplificación ha favorecido la aparición de resistencias en numerosas especies vegetales, obligando a incrementar dosis, combinar productos o desarrollar nuevas formulaciones químicas, en un círculo de dependencia tecnológica difícil de romper. Desde el punto de vista ecológico, el resultado es una agricultura cada vez más vulnerable, con suelos degradados, menor capacidad de retención de agua y una creciente huella química sobre ecosistemas circundantes.
A este impacto ambiental se suma el efecto sobre la salud humana, especialmente en comunidades rurales expuestas de forma continuada a estos productos. Numerosos estudios epidemiológicos y litigios judiciales han señalado posibles vínculos entre el uso intensivo de determinados herbicidas y problemas de salud, desde alteraciones endocrinas hasta distintos tipos de cáncer. Más allá del debate científico específico sobre cada sustancia, lo relevante desde una perspectiva de sostenibilidad es la asimetría entre quienes obtienen los beneficios económicos de estos productos y quienes asumen los riesgos sanitarios y ambientales, generalmente agricultores, jornaleros y poblaciones rurales con menor capacidad de defensa jurídica y política.
El segundo gran eje del impacto de Monsanto se sitúa en el ámbito de las semillas y la biotecnología. A partir de los años noventa, la empresa orienta una parte central de su estrategia al desarrollo y comercialización de semillas genéticamente modificadas, diseñadas para ser resistentes a sus propios herbicidas o para producir toxinas insecticidas. Este movimiento no solo supone un cambio tecnológico, sino una transformación profunda de las relaciones sociales en torno a la agricultura. Tradicionalmente, las semillas han sido un bien común, reproducido, seleccionado y compartido por las comunidades campesinas a lo largo de generaciones. La introducción de semillas patentadas rompe esta lógica, convirtiendo un recurso fundamental para la vida en un activo privado sujeto a contratos, licencias y restricciones legales.
Desde una perspectiva antropológica y social, esta privatización del material genético tiene consecuencias profundas. Los agricultores dejan de ser custodios y mejoradores de semillas para convertirse en usuarios dependientes de un paquete tecnológico cerrado, que incluye semillas, agroquímicos y asesoramiento técnico. En muchos contextos, especialmente en países del Sur global, esta dependencia ha incrementado el endeudamiento campesino, ha reducido la diversidad de cultivos locales y ha erosionado sistemas agrícolas tradicionales adaptados a condiciones ecológicas específicas. El impacto no es únicamente económico, sino cultural, se pierde conocimiento local, se debilitan redes comunitarias y se homogeneizan paisajes agrícolas que durante siglos fueron el resultado de una coevolución entre sociedades humanas y ecosistemas.
La expansión global de este modelo ha tenido efectos desiguales. En algunos contextos, la introducción de semillas transgénicas ha permitido aumentos de producción a corto plazo y una reducción puntual del uso de ciertos insecticidas. Sin embargo, a medio y largo plazo, estos beneficios se han visto contrarrestados por la aparición de resistencias, el aumento del uso de herbicidas y la consolidación de oligopolios empresariales que concentran el control sobre semillas y agroquímicos. Desde la óptica de la sostenibilidad, esta concentración de poder plantea serias dudas sobre la resiliencia del sistema alimentario global y su capacidad para adaptarse a crisis climáticas, energéticas o sociales.
El impacto de Monsanto en las comunidades humanas no puede entenderse sin atender a las dinámicas de poder que ha contribuido a consolidar. La empresa ha sido un actor clave en la promoción de marcos regulatorios favorables a la biotecnología industrial, influyendo en políticas públicas, sistemas de evaluación de riesgos y acuerdos comerciales internacionales. Esta capacidad de influencia ha generado una brecha entre el discurso oficial de la innovación sostenible y la percepción de amplios sectores sociales que ven en estas prácticas una amenaza para la soberanía alimentaria y la justicia ambiental.
Desde una perspectiva histórica, Monsanto encarna una forma de entender el progreso basada en la tecnificación extrema y en la idea de que los problemas ecológicos y sociales pueden resolverse mediante soluciones técnicas desarrolladas por grandes corporaciones. Frente a ello, los enfoques contemporáneos de sostenibilidad tienden a subrayar la necesidad de sistemas agroalimentarios diversificados, descentralizados y arraigados en los territorios, donde la innovación no se oponga al conocimiento tradicional, sino que dialogue con él.
La absorción de Monsanto por parte de Bayer no elimina estas tensiones; más bien las integra en una estructura corporativa aún mayor, reforzando el debate sobre el papel de las multinacionales en la gobernanza global de la alimentación. El “mundo Monsanto”, más que una empresa concreta, representa un modelo de relación entre humanidad y naturaleza basado en la dominación, la estandarización y la mercantilización de la vida. Analizar su impacto es, en última instancia, reflexionar sobre qué tipo de agricultura, de alimentación y de sociedad queremos construir si el objetivo es satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, garantizando un equilibrio real entre medio ambiente, desarrollo social y viabilidad económica.
Desde esta perspectiva, el caso Monsanto funciona como un espejo crítico, pone de relieve tanto las capacidades de la ciencia aplicada como sus límites éticos y ecológicos cuando se subordina exclusivamente a la lógica del beneficio. Para un público especializado en sostenibilidad, su estudio no es solo una revisión del pasado reciente, sino una advertencia sobre los riesgos de reproducir, bajo nuevos discursos, viejos modelos de explotación de la tierra y de las comunidades que dependen de ella.
